jueves, 8 de junio de 2017

Sobre el Registro Nacional de Barrios Populares en Argentina (II)

Café de las ciudades consultó a varios especialistas en hábitat, vivienda y urbanismo en Argentina acerca del Decreto 358/2017 del Gobierno Nacional, que crea el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) en el ámbito de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, "cuya función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016". 

Este fue el cuestionario:
1- ¿Considera que la creación de este Registro contribuye a facilitar el acceso de los sectores más socialmente vulnerables de nuestra población al suelo urbano y a una vivienda adecuada? Justifique brevemente su respuesta: ¿por qué, cómo?
2- ¿Que impacto considera que el Certificado de Vivienda Familiar, instrumento creado por el mismo Decreto, puede tener sobre las personas y familias en términos de acceso a la vivienda adecuada y otros atributos socioterritoriales de la ciudad, su actividad económica, sus condiciones generales de vida, etc.?
3- Cualquier otro concepto que considere de importancia sobre el tema.

A continuación, las respuestas de Pablo Güiraldes y Virginia Monayar:

Pablo Güiraldes. Arquitecto. Director Nacional de Desarrollo Urbano.

1- Creo que el Registro es un gran paso, y el hecho de que ya se hayan identificado más de 4000 villas y asentamientos demuestra la seriedad del Gobierno en este sentido. Como parte de otros componentes del Plan Nacional de Hábitat este Registro acerca a las familias que viven en estos barrios a una vida urbana plena. Pero la magnitud del problema es tan grande que hace imprescindible otros esfuerzos que dependen de provincias y municipios, como la contención del avance de los asentamientos y la provisión de suelo para la demanda aun insatisfecha. La vulnerabilidad de estos barrios es evidente ante los sucesivos eventos climáticos. Si no se complementa con otras medidas de contención y asistencia a las necesidades de vivienda y suelo urbano, este Registro puede crear un incentivo para los asentamientos futuros.La tarea es enorme pero los esfuerzos parciales pueden ser infructuosos. Los gobiernos y las comunidades locales deben recibir asistencia técnica, legal  y financiera para tener los instrumentos adecuados para llevarlo a cabo. Se debería incluir en este Registro -si no se lo ha hecho ya- a los conjuntos habitacionales que se encuentran en estado de irregularidad y vulnerabilidad, comparable en muchos casos a las villas y asentamientos. 

2- El certificado pone a las familias en el camino de los derechos y obligaciones que tienen los propietarios de viviendas regulares. Hay que acompañarlo con tareas de capacitación y asistencia financiera y técnica para la mejora de la vivienda y el uso adecuado de servicios, así como la creación de entes barriales que aseguren gobernanza local y convivencia. Para completar este impulso hacia la regularización se deberían crear instrumentos que permitan también incorporar a aquellos que trabajan en la economía informal al mercado formal de trabajo y comercio, lo que completaría la formalización de los grupos familiares y su inclusión plena. 

3- Mis viajes recientes por el país para asistir a provincias y municipios en la emergencia me dejaron muy preocupado por el avance incontenido de las fronteras urbanas. No solo los asentamientos y villas sino todos los modos de expansión privada y publica adoptan la modalidad suburbana de baja densidad y alejada de las redes. Estos parecen ser los modos predominantes -diría preferidos- de crecimiento y prolongan un escenario de fragilidad urbana creciente a la luz de amenazas climáticas cada vez mas evidentes. No se trata ya solo de las barreras, las distancias o la falta de acceso a servicios, sino la amenaza creciente de la perdida de de capital urbano, social y económico, que se hace cada vez mayor por no poner limites claros al crecimiento. Si queremos tener una posibilidad de reencauzar el destino de las ciudades argentinas, debemos contener el frente hasta que lo ya consolidado se complete. De nuevo, la responsabilidad primaria es de autoridades municipales y provinciales pero el Estado Nacional debe asistirlos a cada paso. 


Virginia Monayar. Arquitecta, Investigadora Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la FAUD / UNC.

1- Creo que el Registro no facilita el acceso al suelo y la vivienda porque es una expresión más de políticas ex post de situaciones de ocupación informal del suelo. No es tampoco el espíritu del instrumento, al menos no se verifica en su letra. No interviene variables relevantes en las condiciones de acceso, como el mercado de suelo e inmobiliario. Quizás es una solución paliativa en el acceso al suelo para las familias que actualmente residen informalmente, si se considera que a futuro, podrían iniciar acciones judiciales, o si ese relevamiento implica la seguridad de residencia en el espacio urbano que actualmente ocupan. Sin embargo, no constituye garantía de mejoras de acceso al suelo y la vivienda por parte de otros que lo demandan actualmente, ni de las generaciones futuras, aun de las que derivan de esta misma población "beneficiaria".

2- El Certificado de Vivienda Familiar no constituye instrumento de seguridad de tenencia. Sin embargo, podría ser un paso inicial para poder iniciar acciones jurídicas que consideren la posesión sostenida y pacífica en el tiempo. Asimismo, considero que este certificado de domicilio no es garantía alguna de derechos. Para los ciudadanos siempre existe la posibilidad de exigir y reivindicar el cumplimiento de derechos, entre ellos el derecho a la ciudad, un concepto amplio y abstracto. Sin embargo, si lo traducimos entre otros en términos de acceso a la vivienda adecuada, podríamos considerar como parte de ella los servicios urbanos asociados. Nada indica que el certificado de vivienda sea vinculante a la dotación de dichos servicios. Si la política se detiene en el certificado, la política de "integración urbana" pierde todo sentido; lo único positivo que encuentro es que, al menos, hay una "preocupación" por relevar el problema y que este ha cobrado cierta visibilidad en la agenda pública de estos días... Habrá que esperar. Sin embargo, veo con preocupación la escasa difusión que sobre el mismo relevamiento se hizo, al menos en Córdoba. Actualmente, muchos estudios demuestran que las familias y sobre todo los jóvenes residentes en ocupaciones informales -y aun también en barrios producto de la política habitacional- son estigmatizados por habitar esos territorios ¿Que cambiará con el certificado? La integración urbana no puede ser considerada solo un hecho físico (aunque no quiero restar importancia a ello...).


3- Será interesante dar seguimiento a las estrategias y formas de implementación en los casos de ocupación de tierra privada. Consideremos que, por ejemplo, en Córdoba se incorpora al registro un asentamiento sobre un ex basural, predio que la propia Municipalidad declaró "inhabitable". Son gestiones aisladas que en procesos de integración son básicas No se reconoce proceso ni se especifican variables de selección de los casos incorporados en el registro, ni de aquellos que quedaron fuera. 
Agrego además que  podría ser positivo un reconocimiento del Estado a la ocupación de tierras. Creo que esto es novedoso (y además se vuelve una posibilidad más de iniciar usucapión...).


Mañana continuaremos reproduciendo las respuestas recibidas.

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