El incendio de la Grenfell Tower: ¿un Pruitt-Igoe postmoderno?

Por Marcelo Corti

Con especial agradecimiento a Daniel Kozak por sus referencias sobre "el mito Pruitt-Igoe".

Años más tarde, del lado activo del pabellón de fusilamiento, el crítico Charles Jerks recordaría aquella tarde de 1972 en que un pabellón de vivienda social del complejo Pruitt-Igoe en St Louis, Missouri, fue dinamitado y fijaría (con un error de un año) la fecha de muerte del Movimiento Moderno en la Arquitectura.

Tan arbitrariamente como en toda operación de construcción simbólica, el incendio de la Grenfell Tower en North Kensington se ha convertido rápidamente en un Pruitt-Igoe de sentido contrario: el 14 de junio de 2017, casi medio siglo después de la fecha que el forense Jencks puso al deceso de la modernidad urbanística, las llamas de la torre londinense han herido (¿de muerte?) al Postmodernismo. No específicamente a su versión original arquitectónica sino el aura ideológico más amplio que acompañó el derrumbe del Estado de Bienestar a partir de los años ochenta, con el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido como uno de sus emblemas. 

Esteticismo vacío en los revestimientos de aluminio con baja capacidad de respuesta al fuego utilizados para recubrir la "fea vista" original de la torre; desregulación de los requisitos anti-incendio para proteger las ganancias de los contratistas privados; desmantelamiento de los cuerpos oficiales de bomberos como parte del achicamiento y "racionalización" del Estado; insensibilidad social frente a los derechos del sector más desprotegido de la población... Todo el arsenal ideológico que encendió la mecha de Grenfell Tower está expuesto simbólicamente a las mismas llamas en la inmediata reacción que la tragedia ha generado, muy sustentada además en el envión generado por la buena actuación de Jeremy Corbyn en las elecciones parlamentarias que precedieron en pocos días al incendio.

Esta operación simbólica tiene rasgos propios de la época: inmediatez y protagonismo colectivo. No es un crítico avispado el que construye la metáfora tras el paso del tiempo y en la comodidad de su despacho. El fuego se expande en tiempo real, al calor de los trending topics y estimulado por miles de actores que, desde el anonimato o el prestigio académico o político, construyen y difunden la lectura ideológica del siniestro.

MC

Sobre el Registro Nacional de Barrios Populares en Argentina (IV)

Café de las ciudades consultó a varios especialistas en hábitat, vivienda y urbanismo en Argentina acerca del Decreto 358/2017 del Gobierno Nacional, que crea el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) en el ámbito de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, "cuya función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016". 

Este fue el cuestionario:

1- ¿Considera que la creación de este Registro contribuye a facilitar el acceso de los sectores más socialmente vulnerables de nuestra población al suelo urbano y a una vivienda adecuada? Justifique brevemente su respuesta: ¿por qué, cómo?

2- ¿Que impacto considera que el Certificado de Vivienda Familiar, instrumento creado por el mismo Decreto, puede tener sobre las personas y familias en términos de acceso a la vivienda adecuada y otros atributos socioterritoriales de la ciudad, su actividad económica, sus condiciones generales de vida, etc.?

3- Cualquier otro concepto que considere de importancia sobre el tema.

A continuación, la respuesta de Mónica Alvarado Rodríguez:

Mónica Alvarado Rodríguez. Socióloga - Becaria Doctoral Conicet - Instituto de Investigación de  Vivienda y   Hábitat FAUD - UNC

1. Es necesario comprender el RENABAP como parte de una acción estatal más amplia: la ley de Emergencia Social recientemente aprobada y que, al menos en su texto, establece por objeto la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular. Dicha ley puede entenderse como la cristalización en el ámbito estatal de demandas históricas por parte de los sectores de población más vulnerables, esto es, la posibilidad de avanzar contra la persistente postergación en cuanto a la garantía de condiciones que posibiliten la vida y el trabajo digno por parte de la población que habita en los barrios populares, incluidos los denominados “asentamientos, villas y urbanizaciones informales”. Por ello, el relevamiento, que fue promovido y realizado por los propios habitantes y por miembros de las organizaciones sociales, apuntaba hacia la visibilización de las condiciones precarias en que los trabajadores informales (cartoneros, campesinos, artesanos, vendedores ambulantes, feriantes, costureros, limpiavidrios, cuidacoches, constructores, trabajadores de empresas recuperadas, de cooperativas populares, entre otros) resuelven las necesidades cotidianas, incluidas las habitacionales, en un contexto esencialmente restrictivo que se impone en las actuales dinámicas urbanas.

Ahora bien, como toda acción estatal, ésta debe entenderse en el contexto de las luchas sociales frente al Estado y que por lo tanto reflejan el carácter contradictorio de tal relación. Si, por un lado, la ley apunta de manera directa al mejoramiento de las condiciones de producción y reproducción de la vida –creación de un millón de puestos de trabajo, aumento del 15% en la Asignación Universal por hijo y embarazo y un salario social complementario– y específicamente el relevamiento de barrios populares funciona como instrumento para la visibilización y reconocimiento como ciudadanos de plenos derechos, así como de los barrios populares y de sus condiciones deficitarias en materia de vivienda y hábitat, por el otro no se especifican suficientemente los instrumentos que permitirían de manera efectiva avanzar en el proceso de integración urbana que se propone. 

Los instrumentos ausentes tienen que ver con aquellos que regulen el funcionamiento del mercado del suelo y la lógica  acumuladora y especulativa de sus actores, en un eventual escenario en el que las tierras sean transferidas al Estado Nacional, también con la recuperación de plusvalías –luego de producida la urbanización– y sus criterios de uso, toda vez que estos han sido elementos que inciden de forma directa en la formación de valores del suelo elevados y que han funcionado como barreras que impiden el acceso justo a la ciudad. 

Otra omisión importante, que surge de la revisión de casos incluidos en Córdoba, es la ausencia de criterios claros, al menos en el texto del decreto, para la inclusión de ocupaciones o asentamientos en tierra privada, al encontrarse un barrio que no fue incluido (creemos por su mayor potencialidad inmobiliaria y por ende su mayor valor del suelo) y otro asentamiento que fue incluido a pesar de estar recientemente declarado “inhabitable” por su mala calidad ambiental.

2. En ese sentido, el Certificado de Vivienda en cierta medida se presenta como “lo que no es”, pues en sí mismo no otorga ni seguridad en la tenencia del suelo y la vivienda,  ni se aclara el procedimiento por el cual los habitantes podrán acceder a servicios básicos.

3. Lo anterior, no desconoce de ninguna manera, el avance en términos de calidad de vida y lo que se supone constituiría la base para iniciar un proceso más abarcativo de integración urbana. El RENABAP expresa el impacto de las luchas de los sectores populares y sus demandas por mejores condiciones de subsistencia, así como su esfuerzo por instalar sus reclamos en la agenda pública.  A su vez, el texto inserto en el decreto 358/17 representa la toma de posición del Estado frente a la cuestión habitacional que está siendo problematizada y que, como intervención estatal, puede entenderse también como mecanismo que implica ciertas concesiones materiales o “gastos sociales”  para mantener cierto consenso entre los sectores populares.  

En definitiva, representa la cristalización de intereses diferentes y contradictorios (suelo y vivienda para reproducir la vida vs. suelo y vivienda como medio para obtener ganancias), por lo que podemos decir que su importancia deviene en la visibilización de la magnitud del problema habitacional y de acceso injusto al suelo y la vivienda, los actores que están involucrados en su “resolución” –en este caso también se están teniendo en cuenta a las organizaciones sociales–, el seguimiento y control que podamos hacer a tal proceso y a las respectivas y subsiguientes tomas de posición que resulten en el transcurso del mismo.  En todo caso, se trata de la expresión de las disputas de poder que se manifiestan en el acceso desigual al espacio urbano.

En cuanto a los procesos de regularización dominial, siempre y cuando sean concebidos como un mecanismo para garantizar dos únicos objetivos (la seguridad de la tenencia y la integración urbana en términos de acceso justo a los servicios e infraestructuras de la ciudad) dependerán además, como bien dice Edesio Fernandes, de la calidad técnica y política de las acciones estatales de manera articulada con todas las esferas de gobierno y en articulación con sectores privados, académicos y comunitarios, así como de la continuidad de su implementación y evaluación.

Apple en Cupertino, un proyecto anacrónico

Por Marcelo Corti

Con una superficie de 250.000 m2 y un costo de 5 mil millones de dólares, Apple acaba de inaugurar su nueva sede central en Cupertino, California, en la región de Bay Area o Silicon Valley, como se prefiera). El mítico Steve Jobs dedicó buena parte de sus últimos meses de vida a difundir el proyecto e incluso a defenderlo ante las autoridades y funcionarios municipales para asegurar su aprobación.

Desde que circularon las primeras imágenes del proyecto de Foster + Partners, muchos pensamos que el campus resultaría un edificio muy adelantado en materia tecnológica pero con una marcada impronta antiurbana en su concepción. “If you care about cities, Apple's new campus sucks” (Sí te importan las ciudades, el nuevo campus de Apple apesta), muy buena nota de Adam Rogers en la Revista WIRED, comparte esa opinión y la fundamenta con datos precisos. No se trata solamente de la autosuficiencia de su implantación ensimismada en un entorno suburbano, reforzada por la forma de anillo o meganave espacial (Apple “produjo un edificio con la forma de un ombligo, y luego lo contempló”, grafica Rogers), sino de los impactos más generales que la obra generará en su ciudad y en la región. Para Rogers, “La nueva sede de Apple es un edificio retrógrado, literalmente hacia el interior, con desprecio por la ciudad donde vive y por las ciudades en general. (…) Apple Park es un anacronismo envuelto en vidrio, escondido en un barrio”.

La nota remite el marco ideológico del nuevo edificio al de los edificios empresariales suburbanos de la década de 1950, expresión corporativa de la “huida blanca” a las periferias apoyada en el uso del automóvil privado. Paradójicamente, la empresa que en productos como la Mac o el I-phone define el futuro de la tecnología y de las comunicaciones, exacerba en su propia sede los “graves problemas endémicos” de los suburbios heredados del siglo XX: transporte, vivienda y economía.

Según la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, la demanda de vivienda en Cupertino se elevará en un 284% a partir de la localización de Apple, sin que existan mecanismos financieros que permitan a la ciudad responder adecuadamente y de una manera accesible a los nuevos requerimientos. “Entre 2010 y 2015 el Área de la Bahía de San Francisco agregó 640.000 empleos, con más de un tercio de ese crecimiento en tecnología [señala Rogers]. Pero la región no agregó suficiente vivienda. Con la excepción de un pico durante los años de auge que llevaron a la recesión de 2008, el número de nuevas unidades de vivienda construidas en la ciudad de San Francisco ha descendido constantemente y lo mismo ocurre con otras ciudades de la Bahía. Esto es lo que sucede cuando la oferta no logra satisfacer la demanda: El precio medio de una casa en el área de la bahía ha subido a 800.000 dólares. Es aún más alto en Silicon Valley”.

Otros problemas que trae el proyecto son el cierre de una calle importante por necesidades de seguridad del campus, la afectación de un predio previsto originalmente como espacio público y la dependencia del automóvil privado para el acceso de los empleados. Todo ello, complicado por la asimetría de poderes entre una gran corporación y un pequeño municipio. “Puede parecer un círculo”, concluye Rogers, pero en realidad el campus de Apple “es una pirámide, un monumento más adecuado para un pasado desaparecido que para un futuro complicado”.

Mientras tanto, el autor del proyecto presentó hace unos días en Madrid su Fundación Norman Foster con el Forum Futures is now (El futuro está aquí). Quizás algo de estas contradicciones entre modernidad tecnológica y anacronismo urbanístico haya sido captado por la siempre sagaz Anatxu Zabalbeascoa en su crónica del encuentro para El País: ¿De qué hablamos cuando hablamos de “la gente”? “Todos los ilustres invitados hablaron de la gente. Pero o no se referían a la misma gente o defendían cosas contrapuestas utilizando la misma palabra”...

MC

Sobre el Registro Nacional de Barrios Populares en Argentina (III)

Café de las ciudades consultó a varios especialistas en hábitat, vivienda y urbanismo en Argentina acerca del Decreto 358/2017 del Gobierno Nacional, que crea el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) en el ámbito de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, "cuya función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016". 

Este fue el cuestionario:

1- ¿Considera que la creación de este Registro contribuye a facilitar el acceso de los sectores más socialmente vulnerables de nuestra población al suelo urbano y a una vivienda adecuada? Justifique brevemente su respuesta: ¿por qué, cómo?

2- ¿Que impacto considera que el Certificado de Vivienda Familiar, instrumento creado por el mismo Decreto, puede tener sobre las personas y familias en términos de acceso a la vivienda adecuada y otros atributos socioterritoriales de la ciudad, su actividad económica, sus condiciones generales de vida, etc.?

3- Cualquier otro concepto que considere de importancia sobre el tema.

A continuación, la respuesta de Juan Monteverde (extraída con su autorización de su página en Facebook).

Juan Monteverde. Concejal de Rosario por Ciudad Futura.

1- El decreto 358/17 es producto de un proceso de lucha y de trabajo de los movimientos populares de nuestro país, y del cual participamos haciendo nuestro pequeño aporte desde Rosario. No es un decreto nacional más. Este nuevo instrumento jurídico es un reconocimiento legal a todos los habitantes de los barrios y asentamientos de la república argentina. Es ponerlos en el mapa. Es una reparación histórica.

Los que hace más de 10 años venimos dando la batalla por la tierra, por la defensa de nuestros territorios, por nuestra ciudades, consideramos este paso como el principio de una conquista que puede ser la más importante del Siglo XXI en argentina.

Los que sabemos lo dura que es la doble pelea diaria de vivir muchas veces en condiciones de indignidad y que, al mismo tiempo, nuestra tierra quiera ser arrebatada por los que pretenden hacer de la ciudad su negocio, valoramos cada paso que se da en el reconocimiento de nuestros derechos y cada herramienta legal de lucha con la que contamos para enfrentar al poder del dinero. Y éste, créannos, es un paso enorme.

De una sola vez, de forma masiva y en todo el territorio nacional, cada vecino contará con una dirección fiscal que vincula su casa, su pedazo de tierra, su lugar en el mundo, con su nombre. No es un título de propiedad, pero es suficiente para exigir todos los derechos de la vida urbana. Todos los servicios básicos domiciliarios, el acceso a la información y la comunicación, un lugar donde te lleguen tus cosas, un domicilio para poner a la hora de buscar trabajo. Y puede ser, además, la primera etapa para un proceso de urbanización, integración urbana y regularización dominial inédito.

2- El Certificado de Vivienda Familiar es el primer paso en un largo camino hacia la integración urbana plena y segura de nuestros barrios, de nuestros territorios, de nuestras casas, de nuestra vida. Pero sabemos que no basta con un documento -ni siquiera con una ley- para lograr tierra, techo y trabajo para todos. Es una tarea que implica compromiso, unidad y solidaridad. Los movimientos populares y organizaciones sociales estamos para impulsar este proceso y protagonizarlo junto a todos los vecinos y vecinas de los Barrios Populares que no se resignen a ser tratados como ciudadanos de segunda. Ésta es una reivindicación que se inscribirá entre las grandes conquistas de nuestro pueblo. Es saldar una deuda histórica. Pero esto recién empieza. Para todos todo.

3- Es un gran escudo protector con el que ahora cuentan los vecinos de todas las ciudades del país para mejorar su presente y proyectar su futuro. Pero esto recién empieza. Por eso, en el día de hoy vamos a presentar un proyecto junto a otras fuerzas del concejo, para que Rosario respalde la iniciativa, sea la primera ciudad del país en adherir a esta política y se firmen los convenios de colaboración necesarios con las entidades nacionales para poner en marcha la demorada y necesaria integraron de todos los barrios de Rosario, sin ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Un proceso urbanístico, político y social que tiene que hacer de Rosario una sola y única ciudad. No solo una ciudad más digna para quienes la padecen, sino más justa, más equilibrada, más segura y más vivible para todos. Por eso ésta no es una buena noticia sólo para los barrios excluidos, para los más humildes, es una gran noticia para todas las rosarinas y rosarinos. Ahora hay que redoblar los esfuerzos y el trabajo. Ahora hay que dejarse de excusas y encarar las verdaderas prioridades que tenemos por delante. Contamos ahora con un nuevo instrumento, que no es definitivo, pero que era impensado un tiempo atrás, y que, sobretodo, depende de lo que nosotros hagamos con él. Algo de todo esto planteábamos en la presentación del programa de integración urbana #BarrioCiudad, hace solamente una semana.

Cuando hay plan, cuando hay proyecto y hay lucha, las cosas no suceden por casualidad, ni porque un gobierno te regale nada.

Sobre el Registro Nacional de Barrios Populares en Argentina (II)

Café de las ciudades consultó a varios especialistas en hábitat, vivienda y urbanismo en Argentina acerca del Decreto 358/2017 del Gobierno Nacional, que crea el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) en el ámbito de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, "cuya función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016". 

Este fue el cuestionario:

1- ¿Considera que la creación de este Registro contribuye a facilitar el acceso de los sectores más socialmente vulnerables de nuestra población al suelo urbano y a una vivienda adecuada? Justifique brevemente su respuesta: ¿por qué, cómo?

2- ¿Que impacto considera que el Certificado de Vivienda Familiar, instrumento creado por el mismo Decreto, puede tener sobre las personas y familias en términos de acceso a la vivienda adecuada y otros atributos socioterritoriales de la ciudad, su actividad económica, sus condiciones generales de vida, etc.?

3- Cualquier otro concepto que considere de importancia sobre el tema.

A continuación, las respuestas de Pablo Güiraldes y Virginia Monayar:

Pablo Güiraldes. Arquitecto. Director Nacional de Desarrollo Urbano.

1- Creo que el Registro es un gran paso, y el hecho de que ya se hayan identificado más de 4000 villas y asentamientos demuestra la seriedad del Gobierno en este sentido. Como parte de otros componentes del Plan Nacional de Hábitat este Registro acerca a las familias que viven en estos barrios a una vida urbana plena. Pero la magnitud del problema es tan grande que hace imprescindible otros esfuerzos que dependen de provincias y municipios, como la contención del avance de los asentamientos y la provisión de suelo para la demanda aun insatisfecha. La vulnerabilidad de estos barrios es evidente ante los sucesivos eventos climáticos. Si no se complementa con otras medidas de contención y asistencia a las necesidades de vivienda y suelo urbano, este Registro puede crear un incentivo para los asentamientos futuros.La tarea es enorme pero los esfuerzos parciales pueden ser infructuosos. Los gobiernos y las comunidades locales deben recibir asistencia técnica, legal  y financiera para tener los instrumentos adecuados para llevarlo a cabo. Se debería incluir en este Registro -si no se lo ha hecho ya- a los conjuntos habitacionales que se encuentran en estado de irregularidad y vulnerabilidad, comparable en muchos casos a las villas y asentamientos. 

2- El certificado pone a las familias en el camino de los derechos y obligaciones que tienen los propietarios de viviendas regulares. Hay que acompañarlo con tareas de capacitación y asistencia financiera y técnica para la mejora de la vivienda y el uso adecuado de servicios, así como la creación de entes barriales que aseguren gobernanza local y convivencia. Para completar este impulso hacia la regularización se deberían crear instrumentos que permitan también incorporar a aquellos que trabajan en la economía informal al mercado formal de trabajo y comercio, lo que completaría la formalización de los grupos familiares y su inclusión plena. 

3- Mis viajes recientes por el país para asistir a provincias y municipios en la emergencia me dejaron muy preocupado por el avance incontenido de las fronteras urbanas. No solo los asentamientos y villas sino todos los modos de expansión privada y publica adoptan la modalidad suburbana de baja densidad y alejada de las redes. Estos parecen ser los modos predominantes -diría preferidos- de crecimiento y prolongan un escenario de fragilidad urbana creciente a la luz de amenazas climáticas cada vez mas evidentes. No se trata ya solo de las barreras, las distancias o la falta de acceso a servicios, sino la amenaza creciente de la perdida de de capital urbano, social y económico, que se hace cada vez mayor por no poner limites claros al crecimiento. Si queremos tener una posibilidad de reencauzar el destino de las ciudades argentinas, debemos contener el frente hasta que lo ya consolidado se complete. De nuevo, la responsabilidad primaria es de autoridades municipales y provinciales pero el Estado Nacional debe asistirlos a cada paso. 

Virginia Monayar. Arquitecta, Investigadora Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la FAUD / UNC.

1- Creo que el Registro no facilita el acceso al suelo y la vivienda porque es una expresión más de políticas ex post de situaciones de ocupación informal del suelo. No es tampoco el espíritu del instrumento, al menos no se verifica en su letra. No interviene variables relevantes en las condiciones de acceso, como el mercado de suelo e inmobiliario. Quizás es una solución paliativa en el acceso al suelo para las familias que actualmente residen informalmente, si se considera que a futuro, podrían iniciar acciones judiciales, o si ese relevamiento implica la seguridad de residencia en el espacio urbano que actualmente ocupan. Sin embargo, no constituye garantía de mejoras de acceso al suelo y la vivienda por parte de otros que lo demandan actualmente, ni de las generaciones futuras, aun de las que derivan de esta misma población "beneficiaria".

2- El Certificado de Vivienda Familiar no constituye instrumento de seguridad de tenencia. Sin embargo, podría ser un paso inicial para poder iniciar acciones jurídicas que consideren la posesión sostenida y pacífica en el tiempo. Asimismo, considero que este certificado de domicilio no es garantía alguna de derechos. Para los ciudadanos siempre existe la posibilidad de exigir y reivindicar el cumplimiento de derechos, entre ellos el derecho a la ciudad, un concepto amplio y abstracto. Sin embargo, si lo traducimos entre otros en términos de acceso a la vivienda adecuada, podríamos considerar como parte de ella los servicios urbanos asociados. Nada indica que el certificado de vivienda sea vinculante a la dotación de dichos servicios. Si la política se detiene en el certificado, la política de "integración urbana" pierde todo sentido; lo único positivo que encuentro es que, al menos, hay una "preocupación" por relevar el problema y que este ha cobrado cierta visibilidad en la agenda pública de estos días... Habrá que esperar. Sin embargo, veo con preocupación la escasa difusión que sobre el mismo relevamiento se hizo, al menos en Córdoba. Actualmente, muchos estudios demuestran que las familias y sobre todo los jóvenes residentes en ocupaciones informales -y aun también en barrios producto de la política habitacional- son estigmatizados por habitar esos territorios ¿Que cambiará con el certificado? La integración urbana no puede ser considerada solo un hecho físico (aunque no quiero restar importancia a ello...).

3- Será interesante dar seguimiento a las estrategias y formas de implementación en los casos de ocupación de tierra privada. Consideremos que, por ejemplo, en Córdoba se incorpora al registro un asentamiento sobre un ex basural, predio que la propia Municipalidad declaró "inhabitable". Son gestiones aisladas que en procesos de integración son básicas No se reconoce proceso ni se especifican variables de selección de los casos incorporados en el registro, ni de aquellos que quedaron fuera. 

Agrego además que  podría ser positivo un reconocimiento del Estado a la ocupación de tierras. Creo que esto es novedoso (y además se vuelve una posibilidad más de iniciar usucapión...).

Mañana continuaremos reproduciendo las respuestas recibidas.

Sobre el Registro Nacional de Barrios Populares en Argentina

Café de las ciudades consultó a varios especialistas en hábitat, vivienda y urbanismo en Argentina acerca del Decreto 358/2017 del Gobierno Nacional, que crea el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) en el ámbito de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, "cuya función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016". 

Este fue el cuestionario:

1- ¿Considera que la creación de este Registro contribuye a facilitar el acceso de los sectores más socialmente vulnerables de nuestra población al suelo urbano y a una vivienda adecuada? Justifique brevemente su respuesta: ¿por qué, cómo?

2- ¿Que impacto considera que el Certificado de Vivienda Familiar, instrumento creado por el mismo Decreto, puede tener sobre las personas y familias en términos de acceso a la vivienda adecuada y otros atributos socioterritoriales de la ciudad, su actividad económica, sus condiciones generales de vida, etc.?

3- Cualquier otro concepto que considere de importancia sobre el tema.

A continuación, las primeras respuestas:

María Cristina Cravino. Antropóloga. Investigadora CONICET-UNGS
Certificado de domicilio: ¿ingreso al mercado?

1- En cuanto al registro de barrios populares, sin duda es un avance y un buen punto de partida para diseñar políticas. Falta aún verificar la calidad del mismo, debido al modo en cierto modo autogestivo realizado.  No queda claro como se va a actualizar y por qué no se pueden incluir nuevas viviendas o barrios, sino solo personas.

2- El decreto 358/17 es confuso. Pareciera que el certificado de domicilio fuera una primera medida para garantizar una tenencia segura, pero el decreto no afirma que este documento implique una garantía de no desalojo.  Se plantea que puede ser utilizado para diferentes trámites, como obtener CUIL/CUIT y solicitar servicios por red. No obstante, las personas que viven en villas o asentamientos ya podían solicitar domicilio, aunque es posible que ese certificado simplifique algún trámite.  Tampoco es claro que si un habitante solicite, por ejemplo, conexión a cloaca la empresa prestadora se la otorgue, porque implica una serie compleja de pasos y es imposible plantear una conexión individual. Por otra parte, no se estipula que reciban tarifa social.  Por eso pareciera que fuera la intención que a aquellos que cuentan con servicios y actualmente no pagan, las empresas lo puedan incluir como clientes. Esto cabe para las villas, porque los asentamientos tienen medidores de luz individuales.

También en cuanto a domicilio puede ser un problema para todos aquellos que “ocultan” su domicilio en una villa o asentamiento para obtener trabajo.  De esta forma deberían tener un domicilio para el Estado y otro “público”.  Como no es clara su utilización sin duda puede generar mucha confusión en la población. Pareciera asimilarse a un censo, documento que los habitantes valoran porque en muchos programas de hábitat es condición indispensable para acceder a algún plan.

3- Es positiva la creación de una Mesa Nacional de Coordinación de barrios populares pero falta evaluarla cuando se implemente. Una cuestión más delicada es el inciso d) del articulo 47, que plantea elaborar instrumentos jurídicos a fines de regularización dominial, ya que es sumamente ambiguo y no avanza en modos de simplificación. En ese sentido, parece muy extraño que cuando se refiere a terrenos privados los mismos pasarán a la Agencia de Administracion de Bienes del Estado. Eso significa que las provincias expropian y luego se lo pasan a AABE para que sea ella quien regulariza. Si esto es así, genera una complejizacion de los procesos, no una simplificación, y habría que estudiar si no viola las normas nacionales, ya que somos un país federal. Sería un vuelta a la centralización. ¿Quien financia la expropiación?  En relación a las tierras fiscales nacionales, no hay cambios con lo que se viene haciendo con la ley 23.967 desde la década de 1990.

En síntesis, no parece más que un anuncio sin sustento  o una simple promesa en cuanto al certificado de domicilio. En cambio parece un buen intento de registro nacional, pero requerirá del consenso de municipios y provincias en temas sensibles políticamente (¿los vecinos puede pedir ser incluidos si tienen conflictos con el municipio, por ejemplo?). No queda claro si va a estar acompañado de otras políticas o que sucede con aquellos asentados en zonas ambientalmente no aptas . En cuanto a la regularización dominial, se continua con lo anterior en relación a los barrios asentados en tierras fiscales nacionales, pero en referencia a los terrenos privados no se comprende bien cuáles serán los mecanismos para regularizar. Es posible que esté pensado para facilitar la regularización de los servicios públicos, así las empresas tienen nuevos clientes y el Estado no paga el canon en el caso de las villas a las empresas eléctricas, pero sin mencionar la posibilidad de tarifa social.

MCC

Fabio Quetglas. Especialista en desarrollo local. Director de la Maestría en Ciudades de la UBA.

1- El Registro es un paso indispensable, pero insuficiente. Las dificultades de acceso exceden las cuestiones documentales, incluso exceden al público foco al que va dirigida la norma. Ahora bien, se trata de una medida en la dirección correcta, sobre todo porque al poner en agenda la gravedad y extensión de la situación, moviliza a actores políticos y posibilita la construcción de programas mas completos (los que creo surgirán de la propia comisión prevista en el Decreto)

2- Creo que el certificado de vivienda familiar va a generar más impacto en otras esferas que en la cuestión "vivienda". Este tipo de instrumentos, si el Estado no los califica rápidamente, puede erosionarse en si mismo, ya sea generando pocos efectos, ya sea tomando un cariz estigmatizante. Ahora bien, si luego de obtenido se avanza rápidamente en procesos de mayor calificación (en terrenos fiscales por ejemplo, con mensuras y elaboración de títulos, etc.), se constituirá en el primer paso de un verdadero cambio urbano histórico

3- Tal vez lo más relevante de la norma son dos cuestiones: a) el enorme esfuerzo previo de relevamiento en terreno; un mapeo de características inéditas en el país, y b) el reconocimiento de la necesidad de una política pública profunda, especifica y participativa para un tema que, como el mismo texto legal aclara, está cruzado por cuestiones diversas y tiene como característica saliente la complejidad.

FQ

Mañana continuaremos reproduciendo las respuestas recibidas.